¿qué es y a quienes afecta la cuestión social?.

Tal como los libros de historia nacional describen como se produjo la cuestión social entre 1890 y 1910, hoy parece reeditarse en el Chile del Segundo Centenario. Un choque brutal entre un crecimiento económico que genera grandes fortunas, y que permiten al Estado desarrollar una vasta red de obras públicas y un país con una apariencia de modernidad sustentable, mientras una parte importante de la población no recibe los beneficios del progreso económico y retrocede a niveles graves de precariedad y desprotección social. Sin un Estado que cumpla adecuadamente su papel social de garante de la equidad y el bien común.

El economista Patricio Meller, en un lúcido, y poco leído, artículo publicado en la revista Perspectivas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, (octubre de 1999), plantea que el tema ha estado presente en el debate chileno desde el siglo XIX. Y cita en la introducción algunos párrafos de Valentín Letelier, de perfecta actualidad: “qué es lo que necesitan los grandes para explotar a los chicos, los fuertes a los débiles, los empresarios a los obreros, los hacendados a los inquilinos, los ricos a los pobres? Sólo una cosa: libertad, o sea la garantía de que el Estado no intervendrá en la lucha por la existencia para alterar el resultado final en favor de los desvalidos. Eso es lo que el sistema de libre mercado da a los más poderosos” “¿Y cómo ayudar a los más desvalidos a mejorar su situación? Se requiere de la protección del Estado para que posibilite la igualdad de oportunidades en un mundo de desiguales: “no hay desigualdad mayor que la de aplicar un mismo derecho a los que de hecho son desiguales”. “la política no es el arte de establecer un sistema de libre mercado; es el arte de satisfacer necesidades sociales”

El juicio de Valentín Letelier, de 1896, declaradamente laico y progresista, interpela a la elite gobernante de la época.

Hubo también una llamada de atención proveniente del mundo conservador y religioso. La Iglesia Católica con la Encíclica Rerum Novarum (De las cosas nuevas) en 1891, se refiere por primera vez a las condiciones y problemas de las clases trabajadoras. Esa posición aún tibia posteriormente iría evolucionando hacia una doctrina social de la Iglesia Católica.

En la actualidad hemos visto diferentes planteamientos y debates sobre salario ético, protección social, ingreso ético familiar, motivados por movilizaciones sociales fuertes, que demuestran, al menos aparentemente, que las elites estarían sensibilizadas para generar un freno al deterioro. Pero en la práctica no se avanza mucho.

Es evidente que la situación actual no es solo producto de la ambición económica de empresarios inescrupulosos o de un capitalismo desbordado. Como tampoco la existencia de un Estado precario, sin capacidad de generar condiciones de equilibrio y controlar los desbordes de legalidad, es culpa de la Dictadura militar de los años 70 y 80 del siglo pasado.

Si bien ellos son datos fuertes del escenario, nada excusa la falta de voluntad de la Concertación, durante veinte años, para introducir controles de calidad y legalidad en las políticas, dependientes solo de sus facultades administrativas. Especialmente en materia de vivienda y barrios, en los mercados laborales, o en el control regulatorio de los servicios básicos.

Cuando durante el Gobierno de Ricardo Lagos se generó una presión empresarial por lo que se denominó excesos de control de la Dirección del Trabajo, dirigida entonces por la socialista María Ester Feres, fue un ministro de su mismo partido, Ricardo Solari, quien tuvo una ambigua actitud en el tema y estuvo de acuerdo con su remoción.

El crecimiento de Chile hacia afuera ¿En qué nos involucra?.

Entre estas dos fechas se extienden 50 años de crecimiento en la economía de los países hispanoamericanos, compuesto por diferentes ciclos o booms, fases de expansión productiva que son la consecuencia de las nuevas demandas y necesidades que el proceso de industrialización ha creado en Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Francia; Donde los antiguos campesinos han abandonado las tareas del campo y se han convertido en obreros industriales que ya no producen alimentos pero que los demandan de manera creciente, según aumenta su capacidad de consumo. Este hecho estimula el cultivo en tierras hispanoamericanas de ciertos productos como café, azúcar, cereales, carne y plátanos. Al mismo tiempo, los avances del desarrollo industrial en los países antes mencionados exigen nuevas materias primas.

El estaño boliviano es necesario para las latas de la industria conservera de alimentos; el henequén mexicano es utilizado por las cosechadoras de cereales en Estados Unidos; el cobre peruano y chileno resulta indispensable para el tendido de la red eléctrica que ilumina ciudades y pueblos en Europa y en Estados Unidos; con el caucho extraído de la Amazonia brasileña se fabrican los neumáticos que utiliza la floreciente industria automovilística de los países industrializados.

La economía de los países hispanoamericanos ingresa, mediante estas exportaciones, divisas para hacer sus importaciones. Y el estado obtiene, a través de las tasas aduaneras que los productos deben pagar a su salida del país, el dinero necesario para satisfacer los intereses de las deudas contraídas con los bancos británicos y alemanes. Los préstamos extranjeros constituyen la principal fuente de financiación de las naciones hispanoamericanas, que intentan cohesionar y modernizar sus tierras mediante la construcción de obras públicas y establecimientos sanitarios.

Su dependencia de las exportaciones es, por tanto, doble, mercantil y financiera. No sólo las impor¬taciones dependen de ellas sino también el pago de la deuda externa, lo que hace que estas sociedades sean extremadamente sensibles a las oscilaciones en los precios de sus exportaciones.

A pesar de la negativa imagen que la dictadura de Pinochet ha formado de la historia política de Chile en la mayoría de las personas, la democracia chilena (con todas las limitaciones pasadas y presentes) ha sido una de las más antiguas del mundo y con escasas rupturas del orden institucional.

Comenzamos nuestro análisis económico en el momento de la grave crisis de 1983 con que culmina la primera etapa del gobierno de Pinochet, caracterizada por una fuerte apertura externa comercial y financiera, y comienza una política pragmática de cambios que permitieron un fuerte crecimiento durante el gobierno militar (aún cuando llevó varios años el retornar a los niveles de producto per cápita anterior a la crisis, lo que ocurrió al final de ese período) y que se continuó con los gobiernos democráticos que asumieron luego.

En 1983 la caída de la actividad económica, medida por el Producto Bruto Interno, alcanzó el 13,4%, la desocupación rondó el 30% de la población activa, el déficit de los saldos en cuenta corriente superó los 2.000 millones de dólares, con un masivo endeudamiento del sector privado y crisis en el sector financiero. Las exportaciones totalizaron un monto de 3.800 millones de dólares, el 71% de las mismas eran explicadas por recursos naturales: en especial el cobre respondía al 46% de las exportaciones totales.

La política macroeconómica se orientó entonces a respaldar la apuesta de convertir a las exportaciones en el motor de la economía, potenciando su integración en la división internacional del trabajo como proveedor de materias primas y alimentos con bajo grado de industrialización, mientras se mantenía una demanda interna muy deprimida: las exportaciones pasarán de ser el 19,4% de la demanda en 1982 a un 37,3% en 1988.